Declaración de Londres

Octubre 2008
  • Refutamos el discurso de la industria minera
  • Nos oponemos a los actuales modelos de explotación minera
  • Confrontamos las crecientes amenazas a las culturas y a la vida
  • Demandamos pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades

En mayo de 2001, 24 representantes de comunidades y grupos afectados por la minería – de Asia-Pacífico, Africa, India, y América – nos reunimos en Londres para identificar los impactos de las actividades mineras en las vidas de comunidades y ecosistemas, y para compartir estrategias de confrontación con las inaceptables políticas y prácticas de la industria.
Reconocimos que Londres se había convertido en  la capital minera del mundo, acogiendo una crítica proporción del capital de inversión minero, y jugando un rol principal en el establecimiento de los precios de los metales. Aquí, también, se encuentran las sedes de dos de las cuatro mayores empresas mineras.


Descubrimos que Londres se había convertido en el centro de las actividades de promoción de la minería, que buscan persuadir a la “comunidad internacional” para permitir que continúen muchas de sus inaceptables prácticas. La principal de tales iniciativas fue el Consejo Internacional sobre Minería y Metales (International Council on Mining and Metals - ICMM), respaldado por la mayoría de las principales empresas mineras y una veintena de ONGs.

En 2001, declaramos que esas iniciativas promovían al menos 4 mitos o medias verdades:
(i)                  la supuesta necesidad de una mayor suministro de minerales de un número creciente de minas;
(ii)                la teoría de que la minería cataliza el ‘desarrollo’;
(iii)               la creencia de que la técnica puede resolver casi todos los problemas;
(iv)              la inferencia de que la oposición a la minería se compone principalmente de comunidades ignorantes, ‘antidesarrollistas’, y de ONGs

También recopilamos experiencias, durante más de dos décadas, que ilustraban tales asunciones.

De aquella reunión histórica nació la red de Minas y Comunidades (Mines and Communities network, MAC).


MINES AND COMMUNITIES – SIETE AÑOS DESPUÉS

Reunidos de nuevo en Londres en octubre de 2007 – con un consejo editorial de más de 30 miembros de 14 países – MAC reafirmó la realidad de aquellas experiencias y amplió sus demandas.

Desde 2001, vimos comunidades sufrir aún más profundamente por la minería en todas sus etapas y en nuevas formas –exploración, explotación, y abandono de minas. El dolor y destrucción irreparables causados a culturas, identidades, y vidas, se ha profundizado. Aún más tierras tradicionales y riquezas naturales han sido tomadas sin el consentimiento ni beneficio sustancial de los pueblos ni de las economías de las naciones donde se encuentran.

El ritmo de la opresión militar y paramilitar, por fuerzas estatales y privadas que actuan por los intereses de las compañías mineras, se ha incrementado dramáticamente. Ello se complementa con una mayor demonización, arresto arbitrario – e incluso asesinato – de activistas, cuyo único ‘crimen’ ha sido el oponerse a proyectos mineros que amenazan la forma de vida e integridad territorial de sus pueblos.

La extracción de minerales ha seguido envenenando aguas, destruyendo fuentes de alimento, dificultando la convivencia, creando enfermedades y daños físicos. A menudo, las comunidades han sido divididas por conflictos civiles promovidos desde el exterior. La creciente mecanización ha dejado a muchos mineros sin trabajo.

Las industrias mineras, con la complicidad de las autoridades estatales, se han vuelto más agresivas y sofisticadas en la manipulación de la legislación nacional e internacional para adaptarla a sus intereses, a través de mecanismos como los Tratados de Libre Comercio.

Las leyes mineras de más de 100 países ha sido cambiada drásticamente, liberalizada, por los intereses del capital minero. Los procotolos que protegen a los Pueblos Indígenas y al ambiente se diluyen o socavan, mientras la expansión minera llega a niveles sin precedentes y más Estados minero-dependientes abandonan sus responsabilidades con el bienestar de sus ciudadanos, y se convierten en sirvientes de las Transnacionales.

Al mismo tiempo, hemos visto crecer significativamente la resistencia de las comunidades, y la formación de nuevas relaciones entre vecinos y trabajadores, quienes sufren la inseguridad de contratos temporales o la invasión de grandes empresas en zonas de minería a pequeña escala.


En mayo de 2001:
1)      Pedimos una moratoria de nuevos proyectos de minería a gran escala en zonas vírgenes (‘green fields’) de Asia, Africa y América;
2)      Expresamos nuestra firme oposición al vertido de desechos mineros en bosques protegidos, cuerpos de agua, y montañas;
3)      Pedimos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que cesaran la promoción de códigos mineros que favorecen a la industria, y que han sido impuestos a gobiernos de Asia, Africa y América;
4)      Pedimos la elevación de los estándares en las normas de obligatorio cumplimiento en todas las formas de minería;
5)      Insistimos en que los derechos de los Pueblos Indígenas sobre el suelo y el subsuelo, y los de todas las comunidades afectadas por la minería, sean inequívoca y activamente respetados, así como su derecho de veto sobre proyectos inaceptables;
6)      También insistimos en que las compañías mineras limpien el terrible daño causado por sus minas antiguas y actuales, sin que utilicen fondos públicos para ello; y en que sean moral, financiera y legalmente responsables de las consecuencias de sus actividades.

Ahora, en 2008, reforzamos y elaboramos aquellas demandas.

NUEVAS PETICIONES DE CAMBIO

Hacemos una llamada para:
1)      Rechazar cualquier tipo de asistencia oficial al desarrollo o ayuda multilateral al desarrollo - como las del BM, FMI, IDA, Banco Europeo de Inversiones o Banco Asiático de Desarrollo – destinadas a la promoción de la extracción de minerales o a la construcción de infraestructuras para la industria minera, a la dilución de legislación ambiental, de normativas de impuestos y royalties, y diseñadas para favorecer los intereses de la industria minera y sus inversores.
2)      La cancelación o renegociación de los contratos y licencias mineras y de procesamiento de minerales en vigor, que roben los recursos de los pueblos, disipen sus derechos sobre los bienes comunes, resulten en exportación de la riqueza de los minerales, o sacrifique en cualquier forma los derechos de la ciudadanía a una forma de vida sostenible. Además, llamamos a la revisión de todos los códigos mineros y la cancelación de tratados de libre comercio, inversion bilaterial y acuerdos de ayuda mutua que permitan tales contratos y licencias.
3)      El abandono de todos los códigos de conducta corporativa, o promesas mejora de códigos responsabilidad social corporativa que dependan únicamente del cumplimiento voluntario sin un monitoreo trasparente e independiente.
4)      Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, usando como estandar de base la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, de septiembre de 2007. Especialmente importante para la cuestión minera es el derecho a la autodeterminación, y el instrumento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (Free, Prior and Informed Consent - FPIC). Los Pueblos Indígenas deberían tener garantizado el uso del FPIC antes de que cualquier exploración o extracción tenga lugar en sus territorios. Si una comunidad indígena decidiese retirar su consentimiento a cualquier compañía, ésta debería respetar la decisión y retirarse del territorio.
5)      Respetar el derecho de cualquier comunidad a negarse a proyectos mineros, o relacionados, cuyo impacto consideren inaceptable para el medioambiente, o que les prive del acceso a recursos de los que dependen.
6)      Rechazar las leyes antiterroristas y otras políticas que amenacen las vidas y recorten los derechos de comunidades y activistas que protestan contra proyectos mineros.
7)      Detener la violencia usada por fuerzas estatales, o por aquellas empleadas por compañías mineras, contra oponentes a la minería –lo que incluye asesinatos extra-judiciales.


RESPONSABILIDAD DE LAS ONG

En 2001 buscamos la solidaridad de la sociedad civil, y específicamente la de ONG de desarrollo y ambientalistas, en respuesta a la llamada de las comunidades afectadas por la minería.
1)      Urgimos a estas organizaciones a asegurarse de que las comunidades afectadas por la mineria estaban plenamente informadas con anterioridad a la implementación de cualquier aspecto de proyectos mineros, y empoderadas para responder por sí mismas.
2)      Les pedimos que se negasen a participar en iniciativas usadas por la industria como punta de lanza para llevar a cabo sus propósitos.
3)      También les urgimos a hacer presión política para que se legislen medidas que hagan a la industria minera responsable, principalmente, ante las comunidades afectadas por sus actividades.


Ahora, en 2008, invitamos a las ONG y organizaciones de la sociedad civil a ir más allá:

1) Apoyando activamente a las comunidades en la afirmación de sus derechos.
2) Afirmando que nunca pretenderán representar ni negociarán en nombre de ninguna comunidad en tratos con compañías mineras o gobiernos, a menos que hayan sido invitadas por las comunidades a hacerlo así.
3) Denunciar cualquier abuso de los derechos humanos perpetrado contra los opositores a la minería.
4) Defender y dar soporte a modelos de desarrollo escogidos por las comunidades como alternativas a la dependencia de la minería a gran escala, que estén diseñados para promover su integridad cultural, social, ambiental y económica.
5) Rechazar cualquier oferta de financiación de compañías relacionadas con la minería, con independencia del propósito declarado.
6) Rechazar la colaboración con consultores –incluyendo académicos- que no sean claramente independientes de la industria minera.

Finalmente, como miembros o colaboradores de la Red Mines and Communities nos comprometemos a defender a sus miembros y colaboradores cuando su reputación, su derecho a la libre expresión y asociación, su sustento, o sus vidas, sean amenazadas o negadas.


Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo

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